Los procesos de memoria y conmemoración en nuestro país son diversos debido a las características étnicas, culturales, generacionales, de género, regionales, entre otras; y están ligados a la situación anterior y posterior al periodo de violencia. Los procesos de memoria (por ejemplo, los sitios de memoria y las manifestaciones artísticas) no solo generan dignidad a las memorias de las víctimas, sino que también permiten construir una sociedad con una cultura de paz, donde la violencia no tenga cabida.

Preservar la memoria histórica para no repetir la violencia, aceptar públicamente lo ocurrido para restablecer la dignidad y respeto a las víctimas, así como conmemorar sus memorias con el objeto de afirmar la paz y la concordia entre la ciudadanía y propender a la reconciliación nacional. Una sociedad post violencia como la peruana necesita destacar las historias de lucha y de resistencia comunitarias que permitan dar valor a personas y colectivos, así como reflexionar y aprender de lo vivido.

Los 20 años de periodo de violencia dejaron como consecuencia alrededor de 229 mil víctimas entre civiles, policiales y militares; 5,712 mil comunidades nativas y campesinas que sufrieron arrasamientos y pérdidas, y 159 organizaciones de personas desplazadas, según la información del Registro Único de Víctimas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. A su vez, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y Sitios de Entierro consigna a 21,571 personas desaparecidas en esa etapa.

La CVR identificó como causas del periodo de violencia la marcada brecha socioeconómica, las desigualdades y la discriminación de índole étnico-cultural (el 75% de las víctimas fatales tenían el quechua u otra lengua nativa como materno). La ausencia del Estado y la precaria vigencia del orden constitucional y del Estado de Derecho también fueron caldo de cultivo para generar los hechos de violencia.

La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), entre sus conclusiones, señala que se ha constatado que entre 1980 y 2000 el Perú atravesó el periodo de violencia más intenso, más extenso y más prolongado de toda la historia de la República. Conflicto que reveló brechas, profundos y dolorosos desencuentros en todos los niveles de la sociedad peruana, y que se inició en mayo de 1980 con el ataque del grupo terrorista Sendero Luminoso a las ánforas electorales del distrito de Chuschi, en la provincia de Cangallo, de la región Ayacucho.